Dos de lo Penal y uno de lo Mercantil en Santa Cruz de Tenerife y uno de Vigilancia Penitenciaria en Las Palmas de Gran Canaria
El Gobierno de Canarias solicitó hoy al Ministerio de Justicia la creación de nuevas plazas judiciales y fiscales en las Islas. Concretamente, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo regional, Aarón Afonso, trasladó al ministro, Rafael Catalá, durante el pleno de la Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia celebrado en Madrid, la necesidad de crear dos juzgados de lo Penal en Santa Cruz de Tenerife, así como un juzgado de lo Mercantil, y un juzgado de Vigilancia Penitenciaria en Las Palmas de Gran Canaria.
Tras cinco años sin haberse aprobado la creación de órganos judiciales unipersonales en Canarias, afirmó el consejero, este incremento de la planta judicial "es necesario aunque insuficiente para afrontar el número de procedimientos judiciales existentes".
La solicitud de creación de estos cuatro nuevos juzgados, explicó Afonso, se ha hecho tras analizar las necesidades actuales a partir del volumen de litigiosidad, según los datos estadísticos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, y las estimaciones de dotaciones presupuestarias para gastos de personal, infraestructura y medios materiales al servicio de la Administración de Justicia para 2016, aún en fase de negociación.
Teniendo en cuenta las cifras que ofrece la estadística, apuntó el consejero, la creación de dos juzgados más de lo Penal en Santa Cruz de Tenerife es "una prioridad inaplazable". El pasado mes de mayo, recordó Afonso, fue necesario acordar el nombramiento de tres jueces de adscripción territorial ante el volumen de trabajo en esta jurisdicción, "una medida que tendrá que continuar en el tiempo", así como los refuerzos acordados en los últimos años para poder ofrecer al ciudadano un servicio público de calidad.
Igualmente, como consecuencia de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el consejero puso en conocimiento del Ministerio la idoneidad de incrementar las dotaciones de magistrados de la Sala de lo Civil y Penal para poder atender la resolución de las apelaciones de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Asimismo, en la Sectorial de Justicia se abordó los planes del Ministerio para alcanzar el 'papel cero' en los juzgados y tribunales. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que todos los asuntos entre profesionales se comuniquen de forma telemática a partir del próximo 1 de enero de 2016.
En este aspecto, Canarias, al igual que muchas otras comunidades, solicitó al Ministerio que amplíe el plazo para dar cumplimiento a la Ley ya que existen dificultades técnicas para poder presentar escritos a través de la plataforma Lexnet. Afonso, defendió el beneficio que supondrá para los ciudadanos, los profesionales y la propia Administración, la eliminación del papel, pero criticó la precipitación del Gobierno central en adoptar esta medida que debe arrancar en enero. Además, añadió, conllevará una serie de gastos no previstos presupuestariamente.
En cuanto a la tramitación de inscripciones y defunciones de forma telemática tras la última reforma de la Ley del Registro Civil informó el consejero, se ha programado un proyecto piloto en el partido judicial de Arrecife que comenzará a partir de la entrada en vigor de la Ley el próximo 15 de octubre.
A partir de la fecha, explicó, en los juzgados de Lanzarote no será necesario, como norma general, acudir personalmente a la Oficina de Registro Civil para realizar la inscripción de los recién nacidos ya que se realizará directamente desde los centros sanitarios a modo de 'ventanilla única'.
Durante la reunión, a la que asistieron todas las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia, también se trató la oficina de recuperación y gestión de activos que figura en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entra en vigor el próximo 1 de diciembre y la ampliación de las competencias de los Institutos de Medicina Legal, para la realización de pericias prejudiciales y establecimiento de un precio público.
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