La “contrarreforma” de la “reforma” de la Ley de Registro Civil 20/2011, de 21 de julio, está llamada a convertirse en el paradigma de la opacidad, fraude a los intereses de los ciudadanos y perversión de nuestra clase política en la privatización de servicios públicos.
Nadie esperaba que una ley aprobada unánimemente por los grupos parlamentarios fuera objeto de profundas reformas unilaterales antes de su entrada en vigor, nadie excepto la asociación de usuarios de registros que anticipaba en junio de 2011 que Rajoy había votado con los dedos índice y medio cruzados, para –una vez alcanzado el poder– apropiarse del Registro Civil para sí, para sus hermanos y compañeros.
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